Cámaras corporales para policías, propone GPPAN
Cámaras corporales para policías propone el GPPAN; plantea reglas para grabaciones, protección de datos y uso de la información.
El Grupo Parlamentario del PAN propuso regular el uso de cámaras corporales para policías estatales y municipales del Estado de México. La iniciativa busca documentar las actuaciones policiales y establecer reglas para el manejo de las grabaciones.
La propuesta fue presentada por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y el legislador Pablo Fernández de Cevallos González, integrante y coordinador de la bancada panista.
Cámaras corporales para policías tendrían reglas específicas
El proyecto plantea incorporar el concepto de cámara corporal a la legislación estatal. La iniciativa la define como un dispositivo portátil vinculado al uniforme o equipo policial.
Estos equipos podrían registrar imágenes y sonidos durante las funciones de seguridad. Además, su implementación sería gradual, según presupuesto, capacidad operativa y planeación institucional.
La propuesta contempla priorizar tareas con mayor contacto ciudadano. Entre ellas están prevención, proximidad, tránsito, operativos, inspecciones y detenciones.
También considera situaciones donde exista mayor posibilidad de utilizar la fuerza.
El personal recibiría capacitación antes de utilizar los dispositivos. Además, los protocolos establecerían cuándo deberán activar las cámaras.
La grabación aplicaría durante detenciones, inspecciones y persecuciones. También durante posibles usos de la fuerza y atención inicial de hechos probablemente delictivos.
Asimismo, se contemplarían mandamientos ministeriales o judiciales y situaciones de riesgo para la ciudadanía o los propios policías.
Cuando las condiciones lo permitan, los elementos deberán informar que la intervención está siendo grabada.
Proponen proteger grabaciones y datos personales
La iniciativa establece que las grabaciones deberán cumplir las normas sobre transparencia, protección de datos y seguridad pública.
Las instituciones tendrían que garantizar su integridad, almacenamiento, preservación y trazabilidad. También deberían controlar quién accede a los archivos y qué operaciones realiza.
Además, se prohibiría alterar, editar, eliminar, copiar o difundir grabaciones sin autorización legal. La restricción también abarcaría su publicación en redes sociales y plataformas digitales.
El proyecto contempla medidas especiales para proteger a menores, víctimas, testigos protegidos y personas que reciban atención médica.
También considera reglas específicas para grabaciones realizadas dentro de domicilios. El objetivo sería atender la expectativa de privacidad de las personas.
La falta injustificada de activación o la interrupción deliberada de una grabación podría generar responsabilidades administrativas o disciplinarias.
La propuesta retoma antecedentes del Estado de México
El documento señala que el Estado de México ya cuenta con antecedentes sobre el uso de estos dispositivos.
Entre ellos está el Manual de Políticas y Procedimiento para el Uso de Cámaras Corporales de la Unidad de Asuntos Internos. Este documento fue publicado en junio de 2022 en la Gaceta del Gobierno.
También refiere un protocolo publicado en octubre de 2023. Este regula el uso de cámaras corporales durante determinadas actividades del Centro de Control de Confianza estatal.
Sin embargo, la iniciativa señala que ambos instrumentos tienen alcances específicos. Por ello, plantea establecer un marco legal aplicable a las instituciones policiales estatales y municipales.
De aprobarse, las corporaciones deberán evaluar periódicamente la implementación. Para ello utilizarían indicadores sobre funcionamiento, cumplimiento de protocolos y resultados.
La propuesta también plantea que los policías porten, utilicen y activen los equipos asignados. Además, deberán preservar los dispositivos y cumplir las reglas para manejar la información generada.
El proyecto advierte que las cámaras no sustituyen la capacitación ni la profesionalización policial. Tampoco reemplazan mejores condiciones laborales, controles internos o una política integral de seguridad pública.
BMG
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