Ley de Participación Ciudadana: GPMC propone nueva norma
GPMC propone una nueva Ley de Participación Ciudadana para regular mecanismos de participación en decisiones públicas del Edomex.
El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (GPMC) propuso una nueva Ley de Participación Ciudadana para el Estado de México. La iniciativa busca regular la intervención de personas y colectivos en decisiones públicas estatales y municipales.
La diputada Maricela Beltrán Sánchez presentó el proyecto ante la LXII Legislatura mexiquense, en representación de la bancada coordinada por Juan Manuel Zepeda Hernández.
La propuesta plantea mecanismos informados, libres, incluyentes y accesibles. Además, busca ordenar la participación ciudadana y armonizar distintas leyes estatales.
Ley de Participación Ciudadana plantea nuevo sistema estatal
El proyecto contempla crear un Sistema Estatal de Participación Ciudadana. Este incluiría una Plataforma Estatal y un Registro Estatal de Mecanismos de Participación Ciudadana.
La plataforma permitiría registrar, difundir y dar seguimiento a los procesos. Además, cada expediente tendría un tablero para consultar su avance.
Los estados previstos serían recibido, en análisis, admitido, en deliberación, resuelto, en ejecución, cumplido o cerrado.
Asimismo, la iniciativa propone una Red Municipal de Participación Ciudadana. Esta coordinaría unidades municipales, autoridades auxiliares, consejos, organizaciones, colectivos y observatorios.
Los ayuntamientos designarían una unidad responsable dentro de alguna dependencia existente. La propuesta no contempla crear una autoridad intermedia ni una estructura remunerada.
Presupuesto participativo y revisión de decisiones
Entre los mecanismos destaca el presupuesto participativo. Con este instrumento, las personas podrían proponer, priorizar y seleccionar proyectos de inversión pública o mejoramiento comunitario.
Su aplicación sería gradual y consideraría las capacidades fiscales y territoriales de cada municipio. Además, se plantea crear un Fondo Estatal de Coinversión Participativa para complementar recursos municipales destinados a estos proyectos.
La iniciativa también incorpora una solicitud de revisión ciudadana. Este mecanismo permitiría cuestionar políticas, programas o decisiones administrativas generales.
Cuando una solicitud reúna los apoyos requeridos, la autoridad tendría que abrir un expediente público. También debería celebrar una audiencia y emitir una resolución fundada y motivada.
La decisión podría mantenerse, modificarse, sustituirse o dejarse sin efectos. Sin embargo, la solicitud no suspendería automáticamente la medida cuestionada.
Participación ciudadana en contrataciones públicas
El proyecto plantea trasladar la regulación general del “Testigo Social” del Código Administrativo a la nueva legislación.
También propone modificar la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. El objetivo sería establecer al Testigo Social como representante imparcial de la sociedad civil.
Su participación sería obligatoria en procedimientos que superen determinados umbrales. También aplicaría cuando la Secretaría de la Contraloría los considere de alto riesgo o impacto especial.
Además, organizaciones ciudadanas, observatorios, instituciones académicas y colectivos podrían solicitar su intervención. La dependencia tendría 15 días hábiles para resolver esas solicitudes.
La autoridad contratante debería responder a sus recomendaciones. También tendría que precisar cuáles aceptó, rechazó o canalizó, así como informar sobre medidas correctivas.
Inclusión y formación para participar
La propuesta incorpora un Programa Estatal de Cultura y Formación para la Participación Ciudadana. Sus contenidos abordarían derechos, deliberación democrática, acceso a la información y gobierno abierto.
También incluiría elaboración de propuestas, seguimiento presupuestario, contraloría social y herramientas digitales.
A la par, el proyecto plantea mantener mecanismos presenciales para evitar barreras relacionadas con la conectividad. También contempla canales itinerantes y comunitarios.
Los documentos, convocatorias y resultados deberán utilizar lenguaje ciudadano. Así, la información técnica esencial buscaría ser comprensible y accesible.
La iniciativa cita el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi. Según ese registro, el Estado de México tenía 16 millones 992 mil 418 habitantes.
Implementación gradual y participación político-electoral
El proyecto propone aplicar la nueva legislación de manera gradual. Además, prioriza el uso de estructuras administrativas existentes para evitar duplicidades.
Cualquier nueva plaza, unidad, sistema tecnológico o contratación tendría que justificarse. También requeriría suficiencia presupuestaria y cumplir las normas de austeridad y disciplina financiera.
La propuesta establece además el principio de incidencia efectiva. Este busca que los mecanismos generen consecuencias institucionales verificables.
Entre los transitorios, se establece que la Legislatura emitirá una convocatoria para designar consejerías ciudadanas. Esto ocurriría dentro de los 120 días naturales posteriores a la entrada en vigor.
La primera integración contemplaría tres personas por dos años y tres por cuatro años. La selección se realizaría mediante insaculación pública para establecer una renovación escalonada.
El Congreso también tendría 180 días naturales para implementar el Buzón Permanente de Participación Legislativa. Los municipios deberán integrar sus redes conforme a sus reglamentos.
Finalmente, los cambios al Código Electoral estatal entrarían en vigor después de que el IEEM declare concluido el proceso electoral ordinario de 2027.
Hasta entonces, los mecanismos político-electorales continuarían bajo la Constitución estatal y las disposiciones vigentes.
BMG
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