Respaldan quitar límite del 3% para seguridad y salud

Diputadas y diputados de morena, PRI y PT respaldaron quitar el límite del 3% al crecimiento anual del gasto destinado a personal indispensable en seguridad pública y salud.

La propuesta, impulsada por el legislador Edgar Samuel Ríos Moreno, busca que los gobiernos estatal y municipales puedan ampliar sus plantillas cuando las necesidades de estos servicios lo requieran.

Límite del 3% excluiría personal esencial

La iniciativa se analizó en las comisiones unidas de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas del Congreso del Estado de México.

Durante la reunión, Javier Cruz Jaramillo y Sandra Patricia Santos Rodríguez, de morena; Alejandro Castro Hernández, del PRI, y Sara Alicia Ramírez de la O, del PT, expresaron su respaldo.

Los legisladores señalaron que las reglas actuales pueden dificultar la incorporación de personal en áreas prioritarias. La normativa federal establece que el gasto en salarios y nuevas plazas públicas no puede aumentar más de 3% cada año.

Samuel Ríos explicó que las necesidades de seguridad y atención médica pueden crecer a un ritmo distinto al permitido por esa regla.

Por ello, plantea incorporar de manera permanente una excepción en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Esta medida ya estuvo vigente de forma transitoria entre 2018 y 2020.

La excepción abarcaría únicamente servicios personales estrictamente indispensables. Entre ellos estarían policías estatales y municipales, médicos, personal de enfermería, paramédicos y trabajadores afines.

Sin embargo, el límite continuaría para el personal administrativo. Además, los gobiernos tendrían que identificar y reportar estos gastos por separado en el presupuesto de egresos y la cuenta pública.

Diputados piden controles para las contrataciones

Javier Cruz afirmó que las restricciones presupuestarias han representado una dificultad durante su experiencia como exalcalde, particularmente en seguridad y salud.

Por su parte, Sandra Santos consideró que la discusión también involucra la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población. Por ello, planteó equilibrar la disciplina financiera con la prestación de servicios públicos.

Alejandro Castro sostuvo que la propuesta puede fortalecer la contratación necesaria para garantizar derechos constitucionales. Además, pidió precisar los conceptos de “personal afín” y “gastos estrictamente indispensables”.

También propuso establecer justificaciones e indicadores verificables. Asimismo, planteó reforzar los mecanismos de información para que el Congreso, los órganos fiscalizadores y la ciudadanía conozcan las contrataciones, recursos asignados y resultados.

Sara Ramírez señaló que la austeridad debe evitar gastos suntuarios, pero sin afectar áreas prioritarias como seguridad, salud y educación.

La iniciativa también contempla exceptuar del tope los pagos derivados de sentencias laborales definitivas. Esto incluye indemnizaciones, salarios caídos y otras prestaciones determinadas mediante resoluciones firmes.

Finalmente, quedarían fuera del límite los gastos indispensables para aplicar nuevas leyes federales o reformas a las mismas.

BMG

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