Entre la lealtad y la verdad

Por Daniel Almazán Mora

“Trinchera Abierta”

En política, los momentos que definen a un gobierno no son aquellos donde todo marcha bien, sino aquellos donde cualquier decisión implica un costo irreversible. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra exactamente en ese punto: una encrucijada donde no hay margen para la neutralidad, y donde la inacción, como el silencio, también comunica.

Los recientes señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios activos e inactivos de Morena, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no son una acusación menor ni un episodio aislado. Son, en esencia, una prueba de fuego para el discurso que durante años sostuvo la llamada “cuarta transformación”: que eran distintos, que no eran iguales, que el poder no estaría más al servicio de intereses oscuros.

Pero aquí es donde la narrativa comienza a tensarse peligrosamente.

Porque si la presidenta decide entregar —o permitir que se procese— a Rocha Moya, no solo estaría respondiendo a presiones internacionales o a exigencias de justicia; estaría, de facto, reconociendo que dentro del movimiento que encabezó Andrés Manuel López Obrador sí existieron, o existen, vínculos que contradicen frontalmente el discurso moral que los llevó al poder. Sería dinamitar uno de los pilares simbólicos más importantes del obradorismo: la superioridad ética frente a los gobiernos del pasado.

Pero el otro camino tampoco es menos peligroso.

No actuar, cerrar filas o minimizar los señalamientos implicaría algo aún más grave: la percepción de encubrimiento. Y en un país donde la línea entre política y crimen organizado ha sido históricamente difusa, esa percepción pesa más que cualquier discurso. Porque entonces ya no se trataría de defender a un aliado político, sino de validar —aunque sea por omisión— la sospecha de que el poder público ha sido, una vez más, infiltrado o condicionado por intereses criminales.

Ahí radica la verdadera dimensión del dilema.

Claudia Sheinbaum no solo está decidiendo sobre el destino político o judicial de un gobernador. Está definiendo el rumbo moral de su administración. Su gobierno, hasta ahora, ha buscado consolidarse como eficaz, limpio y cercano a la gente, con una aprobación que oscila entre el 50% y el 70% en los sondeos más recientes. Pero la historia no juzga gobiernos por sus momentos de estabilidad, sino por sus decisiones en tiempos de crisis. Y esta lo es.

Porque cualquier decisión tendrá consecuencias profundas:
— Si actúa, corre el riesgo de fracturar la herencia política de López Obrador.
— Si no actúa, arriesga la credibilidad de su propio gobierno y la confianza pública en las instituciones.

No hay punto medio. No hay matices que suavicen lo inevitable.

La pregunta ya no es si habrá un costo, sino cuál está dispuesta a asumir.

Porque al final, más allá de nombres y partidos, lo que está en juego es algo mucho más grande: si México continúa atrapado en el ciclo de impunidad que ha marcado su historia reciente, o si realmente existe la voluntad de romperlo, incluso cuando eso implique sacrificar a los propios.

La decisión que tome no solo marcará su sexenio. Marcará, también, si aquel “no somos iguales” fue una promesa o simplemente otra consigna más que el poder terminó por devorar.