Entre la lealtad y la verdad

Por Daniel Almazán Mora

“Trinchera Abierta”

En política, los momentos definitorios de un gobierno no son los tiempos en que todo está bien, sino el momento después cuando cualquier decisión viene con un precio irrevocable. Hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está justo en esa encrucijada: una encrucijada donde la neutralidad es inimaginable y la inacción, como el silencio, transmite información por sí misma.

Las acusaciones más recientes del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios activos e inactivos de Morena, como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no son acusaciones menores ni un incidente aislado. Son esencialmente una prueba de fuego para el discurso que durante años apoyó la llamada “cuarta transformación” — que eran diferentes y que no eran lo mismo y que el poder ya no podía ser sostenido para intereses oscuros.

Pero aquí es donde la narrativa comienza a truncarse peligrosamente. Porque si la presidenta toma la decisión de entregar — o permitir el enjuiciamiento de — Rocha Moya, no solo estaría reaccionando a la presión internacional o a los llamados de justicia; podría estar reconociendo que dentro del movimiento de Andrés Manuel López Obrador hubo, o hay, conexiones que socavan el argumento ético que los había llevado al ejecutivo.

Sería dinamitar uno de los anclajes simbólicos más vitales del obradorismo: una superioridad ética sobre los regímenes anteriores. Sin embargo, el otro camino no es menos traicionero.

Dejar que las acusaciones queden impunes, cerrar filas o minimizarlas sugeriría algo más grave: la idea de encubrimiento. Y en un país donde la línea entre política y crimen organizado ha sido durante mucho tiempo borrosa, esa percepción hace mucho más que cualquier discurso. Porque entonces ya no sería “defender a un aliado político”, sino validar — aunque sea por omisión — la sospecha de que el poder público una vez más ha sido infiltrado o condicionado por intereses criminales. Y aquí radica la verdadera dimensión del dilema.

Claudia Sheinbaum no solo está deliberando sobre el destino político o judicial de un gobernador. Está estableciendo la dirección moral de su administración.

Hasta la fecha, su gobierno ha buscado solidificarse como eficiente, limpio y sobre todo cercano a la gente, con encuestas recientes que muestran índices de aprobación entre el 50% y el 70%. Si algo, la historia no juzga a los gobiernos por sus momentos de estabilidad sino, por el contrario, por sus decisiones durante momentos de crisis. Y este es uno. Porque cualquier decisión tendrá profundas ramificaciones:

— Si actúa, corre el riesgo de fracturar el legado político de López Obrador.

— Si no actúa, corre el riesgo de dañar la credibilidad de su propio gobierno y la confianza pública en las instituciones.

No hay término medio. Lo inevitable, no hay matices para suavizarlo. La pregunta no es si habrá un costo, sino cuál es el que asumirá. Porque en última instancia, fuera de nombres y partidos, lo que importa es algo mucho más grande: si México continúa atrapado en el ciclo de impunidad que ha sido la marca de su pasado o si también existe la voluntad de escapar de él, y eso implica asumir el costo por cuenta propia. También decidirá si ese “no somos iguales” fue una promesa o solo un eslogan que el poder terminó devorando.

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